(CAMINEO.INFO)- Madrid / ESPAÑA- La clausura del curso de verano organizado por la Universidad San pablo CEU y la Fundación García Morente en Madrid, sobre la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, estuvo a cargo del cardenal de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, quien fue un poco más allá de las declaraciones de monseñor Cañizares el día anterior, asegurando que esta asignatura "adoctrina sobre el hombre y sus principios, personales y sociales" y lo hace, además, "de manera obligatoria".
En opinión del Cardenal de Madrid, la imposición de esta materia es contradictoria con dos artículos de la Carta Magna, "el 27.3, que establece que el titular del derecho a la educación religiosa son los padres, y el 16, que establece la libertad de religión. Por lo tanto, la asignatura es inconstitucional". "Éticamente no es aceptable porque obliga a los centros a educar en aspectos de la vida que son fundamentales y lo hace pese a no contar con el consentimiento de las familias".
Aunque en algunos sectores se considere que Rouco suavizó o matizó lo expresado por Cañizares, lo cierto es que hizo un discurso bastante duro y realista, aportando vías jurídicas de actuación para los padres, los educadores y los Centros.
Recordemos que Cañizares había calificado de “colaborar con el mal” a cualquier paso dado desde los centros religiosos para adaptar la materia al ideario católico, tal y como pretendía FERE-CECA y con el consentimiento del Ministerio de Educación. En su discurso, Rouco afirmó que esta materia, tal y como está planteada, resulta «jurídicamente inconstitucional» y «éticamente inaceptable», y ofreció varias vías para resolver el conflicto:
- Dos soluciones que no requerirían cambiar la Ley. Proponer al Gobierno que modifique los reales decretos que la regulan para:
1) Convertir Educación para la Ciudadanía en opcional (como lo es la asignatura de Religión).
2) Reconvertir el programa, de modo que resulte una enseñanza de valores cívicos y democráticos.
- Si estas dos posibilidades fallan, el cardenal Rouco instó a padres, alumnos y Centros a «plantear otro tipo de recursos, bien contencioso-administrativos o de inconstitucionalidad», como está previsto en el Estado de Derecho.
- Si las vías jurídicas se agotasen, el arzobispo de Madrid avalaría la presentación de objeciones de conciencia, que, según recordó, «es un derecho de la persona, reconocido por la Constitución como un fundamento ético».
Las palabras del Cardenal de Madrid no desautorizan las diversas iniciativas de objeción de conciencia planteadas por padres, alumnos, y colectivos, pero sí abren las puertas a otras vías de solución que trasladan el testigo, en primer lugar al Gobierno, y en segundo lugar a los Tribunales. En cualquier caso, los plazos se agotan, y la implantación de la reforma legislativa, al menos en Andalucía, es inminente.
RUEGO UNA FUERTE MOVIDA EN ANDALUCIA, MUCHAS GRACIAS, GRACIA PORRAS
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